En las últimas
décadas, se ha observado un cambio en el rol de las empresas en la
sociedad.
Algunas de las tendencias claves que han causado este giro incluyen la
globalización
de los mercados, el nacimiento de desafíos sociales y ambientales a
nivel global
como el SIDA y el cambio climático, así como la decreciente capacidad
de los
gobiernos para encarar estos temas en solitario. Más aún, ha aumentado
la influencia
de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los resultados de
estas
tendencias consiste en un aumento de la complejidad y la dinámica del
contexto
operativo de todo tipo de organizaciones, incluyendo las empresas.
En este
contexto cambiante, las empresas juegan un rol más importante que antes.
Sus
actividades tienen un impacto económico, ambiental y social en la sociedad,
tanto en la
escala local como global. La mayor participación de las empresas privadas en
las actividades de desarrollo internacional
a menudo en colaboración con organismos internacionales constituye un cambio
notable en este contexto.
En respuesta
al crecimiento del rol de las empresas en la sociedad, cada vez más
miembros o
representantes de distintos grupos sociales afectados por el cambio
exigen estar
informados, ser consultados y participar en las decisiones corporativas.
En muchos
países desarrollados, estas demandas se han incorporado a la legislación
vigente, lo que obliga
a las empresas a consultar a distintos grupos de stakeholders.
Empleados
La desgracia parece haberse cebado con los Laboratorios Pérez
Giménez. Desde 2009, la farmacéutica cordobesa,
fabricante del famoso Calmante Vitaminado, ha conocido cuatro dueños mientras
los números rojos alcanzaban cifras abisales. La empresa, en concurso de
acreedores, plantea un ERE para 100 de sus 180 empleados, que llevan siete
meses sin cobrar. Al declive económico de la firma se suma la guerra que mantienen
en los juzgados el administrador único de la sociedad, Sergio Martínez, y los
administradores concursales, en la que se mezclan grabaciones ocultas y
sospechas de querer obtener un beneficio de la mala situación de la empresa.
Las primeras muestras claras de que algo no iba bien en los laboratorios
cordobeses Pérez Giménez comenzaron a
asomar en 2010. Sus empleados sufrieron los primeros retrasos en el pago de las
nóminas. Al principio, llegaban con días o semanas de retraso. Luego, tardaron
meses en cobrar. Hace 27 meses, dejaron de hacerlo. Estos cuatro años están
siendo un verdadero calvario para los empleados. 111 se encuentran en medio de
una especie de limbo jurídico, sometidos a un Expediente
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)que al menos
garantiza que algunos cobren una prestación social. Pero 40 trabajadores siguen
vinculados a la empresa y ni reciben sueldo ni paga de desempleo.
La pantanosa situación
que Pérez Giménez
ha puesto en el punto de mira de las críticas a los administradores
concursales. El representante de UGT en los laboratorios, José Ruiz, ha llegado
a llamar “irresponsables” a los cinco administradores. “Este es un proceso para
destruir la empresa por parte de la administración concursal”, insistió Ruiz
hace unos días. “Es una falta de respeto para las personas que están trabajando
y que están dejando sin poder comer”.
Medio Ambiente
El Singrem es una asociación civil auspiciada por la
industria farmacéutica para recolectar los medicamentos caducos, sobrantes de
medicamentos y envases de fármacos, con o sin residuos, que salen de los
hogares y la población deposita en los contenedores especiales ubicados en
farmacias con el fin de evitar riesgos sanitarios al ser desechados en el
drenaje o la basura.
En entrevista, González resaltó que el Singrem ya rompió record de recolección, pues de enero a septiembre del presente año se destruyeron 349 toneladas de medicamentos caducos recolectadas en 23 estados de México; cifra que frente a las 258 toneladas destruidas en todo 2013 (en 19 entidades) significa un incremento del 26 por ciento en un periodo menor.
“El primer año, en 2010, sólo recogimos ocho toneladas; en el 2011 fueron 25; en el 2012 llegamos a 77 toneladas y ya para 2013 fue un gran salto… A nivel nacional ya se ha recolectado una cantidad muy importante de medicamentos caducos en todo el país: más de 700 toneladas desde que arrancó el programa en febrero de 2010. La cifra de recolección ha ido creciendo año con año”, destacó el entrevistado.
El programa es financiado por noventa laboratorios adheridos en todo el país, que cooperan con una cuota para que el Singrem lleve a cabo esta recolección, cumpliendo así con la Norma Oficial Mexicana 052 de la Semarnat y la ley de Residuos.
Consumidores
Pacientes
El principio. 1957. El laboratorio alemán Grünenthal patentó la
talidomida en 1955. Dos años después, en 1957, comenzó a comercializarse como
un tranquilizante, pero, además, fuera de prospecto, también se usó para tratar
las náuseas de las embarazadas. Se vendió en numerosos países, incluido España.
La alarma. 1959. Los especialistas Claus Knapp y Widukind
Lenz, de la Clínica Universitaria de Hamburgo, empezaron a investigar las
malformaciones que, a partir de 1959, comenzaron a ver en recién nacidos. Poco
a poco, todo empezó a apuntar a la talidomida como culpable de que los bebés
nacieran, en algunos casos, sin brazos ni piernas. Publicaron los resultados de
su investigación en 1962. En el mundo nacieron unos 50.000 niños afectados, de
los que quedan con vida entre 10.000 y 15.000.
La retirada. 1961. Poco antes de ese artículo, las sospechas ya
estaban muy extendidas y en diciembre de 1961 se empieza a retirar el fármaco
en Alemania. En España, la orden de retirada no llegó hasta 1962, y aún después
se siguó consumiendo. El gigante farmacéutico acordó en 1971 indemnizar a los
afectados alemanes.
El reconocimiento en España. 2010. Después de varios años de lucha, La
Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) consigue que el
Instituto de Salud Carlos III acredite su situación y, en 2010, que el Gobierno
español lo reconozca, paso previo ineludible para poder llevar a la
farmacéutica a los tribunales.
El juicio. 2011. Avite demandó a la compañía a finales de 2011
por las “gravísimas malformaciones congénitas”. La compañía se defendió
asegurando que los efectos adversos han prescrito y que no está demostrada la
culpabilidad del laboratorio. El juzgado madrileño ha dicho dos años después
que Grünenthal tuvo una “actuación culposa”.
Los afectados españoles de la
talidomida, un fármaco contra las náuseas en el embarazo que provocaba malformaciones en los
niños, consiguieron hace un mes sentar en el banquillo a Grünenthal, el
laboratorio que patentó, fabricó y distribuyó el medicamento. Habían pasado más
de 40 años desde la retirada del producto. La sentencia del caso, hecha pública
este miércoles, estima la “actuación culposa” de la farmacéutica por no haber
tomado las medidas necesarias para comprobar la seguridad del producto. Sin
embargo, la juez limita a una veintena las
186 indemnizaciones solicitadas por la Asociación de Víctimas de la Talidomida
en España (Avite). Los afectados
cobrarán, según la entidad, entre 660.000 y 1.980.000 euros, en función del
grado de discapacidad reconocido (son 20.000 euros por cada punto porcentual, y
van desde un 33% hasta el 99%).
El
juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid concede el derecho de
indemnización solo a quienes fueron reconocidos
como víctimas del medicamento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 mediante un real decreto que
fijó una serie de ayudas económicas, y a quienes puedan acogerse a esta medida
en el futuro. Y excluye a aquellos que reciban fondos de la fundación
Contergan, una entidad que el laboratorio alemán puso en marcha para canalizar las ayudas que acordó
con los afectados alemanes en 1970.
Autoridades Reguladoras
El escándalo en GSK se produce en
medio de la fuerte campaña contra la corrupción iniciada por Xi Jinping desde
que asumió el poder. El Gobierno ha prometido mejorar el sistema sanitario y
poner freno al alto coste de los tratamientos médicos y los fármacos, uno de
los principales motivos de frustración de los chinos. Según la Asociación de
Compañías Farmacéuticas de China, los sobornos suponen el 20% del precio de un
medicamento típico chino. Algunos expertos creen que Pekín está utilizando el
caso GSK como advertencia para el resto.
A la vez,
la agencia de planificación económica está investigando los costes de
producción y los sistemas de fijación de precios de 60 fabricantes nacionales y
extranjeros. La firma de análisis de inversión Edison Investment Research prevé
que China sea el mayor mercado farmacéutico del mundo en 2020.
La
campaña para limpiar la industria ha alcanzado también a los hospitales. Un
total de 1.088 profesionales del sector médico de 73 hospitales en la provincia
de Fujian han sido acusados de corrupción tras una investigación de seis meses.
La Administración de Alimentos y Fármacos asegura que va a “tomar medidas
enérgicas” contra los sobornos y la falsificación de medicamentos y
documentación, un problema que viene de lejos. Zheng Xiaoyu, director del
organismo, fue condenado a muerte y ejecutado en 2007 por aceptar dinero a
cambio de aprobar productos falsos.
Por: Lucy Fernández
Fuentes:
- http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/20/actualidad/1384944318_460931.html
- http://diario.mx/Nacional/2014-10-21_32f04f33/recolectan-en-jalisco-17-toneladas-de-medicamentos-caducos/
- http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/21/andalucia/1411312578_356436.html
- http://www.accountability.org/images/content/2/0/204.pdf
